Una organización defensora de Derechos Humanos de Panamá exigió el martes que se investigue la represión policial a las manifestaciones de junio pasado en la provincia Bocas del Toro y los abusos cometidos contra las protestas y movilizaciones populares.

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De acuerdo al expediente presentado por la Coordinadora Popular de los Derechos Humanos de Panamá (Copodehupa) ante las autoridades competentes, contra quienes rechazaron las reformas a una ley sobre seguridad social se cometieron abusos por parte de las fuerzas de seguridad.

El documento detalla cronológicamente parte de los hechos sucedidos entre el 14 y 30 de junio de 2025, en el que más de 1.300 efectivos -entre policías, fronterizos y unidades aeronavales- tomaron por la fuerza el territorio de Bocas del Toro.

Tras dos meses de protestas y cortes de vías, el Gobierno de José Raúl Mulino decretó el estado de urgencia e instruyó la suspensión de garantías constitucionales y el corte de comunicaciones en toda la provincia panameña, medidas anticonstitucionales, según las denuncias de la Copodehupa.

Dentro del documento, se incluye entrevistas a víctimas, declaraciones de distintos actores e informes de medicina forense, se establece que hubo hechos de “violaciones a los derechos humanos” con al menos 58 tipos de abusos.

Entre esos exabruptos se identifican tratos crueles e inhumanos, uso excesivo de la fuerza, detenciones arbitrarias, tortura, falta de acceso a la justicia, traslado de detenidos sin registros y violación del debido proceso.

El presidente de Copodehupa, Jorge Guzmán señaló que realizaron entrevistas a 108 personas entre los más de 300 detenidos durante el operativo, sobre todo de la ciudad de Changuinola.

Además indicó que la mayoría de las víctimas fueron detenidas en sus casas, donde en varios casos el único testimonio que sustentaba las acusaciones fue de funcionarios policiales.

El informe coincide con el planteado en el mes de junio por la Defensoría del Pueblo, que también levantó un informe en el que describe denuncias de abusos y advierte de indicios graves de violaciones a los derechos humanos cometidos por la fuerza pública.

Tras la elaboración del informe, en un periodo de tres meses, Guzmán señaló que el argumento de que existían numerosas pandillas en Changuinola y que estas se encontraban tras las manifestaciones, no ha podido ser corroborado con la evidencia recogida en los testimonios, documentos y procesos judiciales.

El estudio también menciona la desprotección laboral, con el despido masivo de más de cinco mil trabajadores bananeros de la trasnacional Chiquita; que se declararon en huelga contra la llamada Ley 462, cuestionada por afectar sus pensiones y derechos adquiridos.

La Copodehupa confirmó que presentarán los hallazgos a la Relatoría de Derechos Humanos de la ONU y ante la Fiscalía, para exigir una investigación independiente y transparente.

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